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Opinión

Legitimación del apoyo popular y la judicialización de la política: los retos del presidente

Bajo La Rosa
Por: Jorge A. Rosas.

En la antigua Roma, cuando había una reunión y en la puerta de la entrada se colgaba una rosa, los temas tratados eran confidenciales. (sub rosae)

Aunque muchos parecen olvidarlo, cuando México por fin se conformó como una República y logró la creación de una Constitución Política, logró dar un gran paso hacia la justa representación democrática para dejar de ser el México de los caudillos y pasar a ser un estado de derecho en donde la Ley debiera ser quien oriente el sentir de sus gobernantes.

Gracias a varias constituciones con amplio espíritu federalista y a diversas reformas logró sentar las bases que hoy dan el nombre a nuestro país y a la propia Constitución: Estados Unidos Mexicanos, en donde un grupo de territorios (estados) con entidad política propia cedían facultades de manera “limitada” a favor de un gobierno central.

La propia constitución, garantizó además un compendio de leyes que expresan las obligaciones y derechos para ciudadanos iguales y libres, quienes en su “conjunto” tiene el poder de elegir la manera en la que se estructura el país, pero sobre todo, garantizó la división de poderes y asentó la naturaleza jurídica del estado mexicano en sus artículos 40 y 41.

Dividió así el poder en tres: ejecutivo, legislativo y judicial, de modo que ninguna persona o institución, por si sola, pudiera tener el control absoluto del país.

Eso parecieran haberlo olvidarlo muchos, sobre todo aquellos que hoy, ya en el poder, y cobijados por el voto de la mayoría de electores, que les dieron la presidencia de la República, y mayoría en 19 de 32 congresos locales, además del control de ambas cámaras en el legislativo federal, han olvidado lo más básico, nadie, el menos en el dicho, puede estar por encima de la Ley.

Y eso lo digo porque los constantes traspiés jurídicos que han cometido tanto el presidente de la República como su equipo en poco más de 200 días al frente del gobierno solo denotan dos casos: ignorancia o malicia.

Escudados en su respaldo histórico de más de 30 millones de mexicanos, tanto el presidente como sus asesores, si los tienes, han olvidado que ni 100 millones de votantes pueden estar por encima de los lineamientos jurídicos en tanto sigan vigentes, como muestra, a sólo 20 días de haber asumido el poder, la Suprema Corte de Justicia ordenó la suspensión de los efectos de la Ley Federal de Renumeraciones de Servidores Públicos presentada por Morena y que establecía que ningún funcionario público podía ganar más que el presidente y más tarde, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establecía que no había causas de nulidad para la elección constitucional de Puebla.

Ese primer aviso que el poder judicial había mandado al Ejecutivo pareció no importarles y siguieron los traspiés, como la que enfrentaron la primera vez que presentaron su reforma en materia de consulta popular y revocación de mandato, que hoy sigue discutiéndose.

Ni que decir de las consultas para cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco y para la construcción del tren maya y la refinería Dos Bocas en Tabasco, ganadas si por el presidente, pero carentes de todo sustento legal, así como las constantes violaciones a la Ley electoral en materia de propaganda gubernamental que han sido exhibidas en diversas dependencias.

Hace unos días, a través de la organización civil Méxicanos contra la Corrupción se presentaron 147 amparos interpuestos contra la suspensión y posterior “inundación” del NAIM y la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, mismos que fueron ganados por los promoventes, cosa que por supuesto no le gustó al presidente, quien fiel a su estilo, salió a acusar de que dichos amparos podrían tratarse de poderes fácticos.

Aunque así se tratara, que no lo es, el presidente olvida que existen leyes que cualquier mexicano, aludiendo a un interés puede hacer uso de ellas, si las mismas que él juró respetar cuando tomó protesta.

Hace unos días, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió una recomendación contra  varias secretarías, entre ellas la de Bienestar, por violaciones a los derechos humanos de los usuarios y beneficiarios de las estancias infantiles, la que no sólo fue rechazada por las dependencias federales, sino que además, también fue blanco de las descalificaciones del Presidente.

Fiel a su estilo, Andrés Manuel López, pretende utilizar su discurso para intentar direccionar la legalidad o no de una acción de su gobierno, más allá de lo que él piense de la determinación de un organismo autónomo o de si le gusta o no la posibilidad de que un grupo de ciudadanos utilicen la ley para cuestionarlo, está la simpleza de que hoy puede hacerse porque la ley lo determina.

Quien mejor que el presidente, tendría que utilizar la fuerza de la ley para legitimar su gran respaldo social, pero hoy el mensaje que manda es el equivocado.

Me quedo con parte del pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su respuesta a las declaraciones del presidente: “México y su sociedad necesitan respuestas y verdad, no retórica y posverdad”, y agregaría, México requiere de un presidente que entienda, y mande un mensaje de unidad y de respeto a la ley, que más allá de dichos que llaman al linchamiento social de instituciones, tenga claro que existen instrumentos legales para defender los derechos que él sienta violentados.

Le guste a él o no, en México, el simple respaldo de una mayoría popular no es válido para pasar por encima de la Ley.

Tip: «Cread un ídolo, y os daré un yugo». Práxedis G. Guerrero

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