Alebrijes en cuadratines
Por Adrián Chavarría Espinosa
La semana pasada se registraron en diversas ciudades, principalmente en la Ciudad de México, varias manifestaciones de protesta por parte de grupos de mujeres quienes demandan justicia ante las violaciones a por lo menos dos adolescentes por parte de elementos policiacos.
Son dos casos que han llamado la atención. Uno, el de una joven que regresaba a su casa en la alcaldía Atzcapotzalco después de una fiesta, cuando presuntamente fue obligada a subir a una patrulla donde cuatro uniformados la violaron y después la abandonaron.
El segundo caso sucedió en el Museo Archivo de la Fotografía, donde una menor, quien realizaba su servicio social ese sitio entró al sanitario antes de retirarse, pero un policía entró detrás de ella y allí la violó.
De acuerdo a los informes ofrecidos por las autoridades capitalinas, en el primer caso afirman que existen una serie de inconsistencias en la versión de la joven que afirma haber sido violentada, por lo cual continúan las investigaciones, pero mientras tanto seis elementos implicados en la averiguación permanecen suspendidos de sus funciones.
Respecto a la menor violada en el Museo, el policía ya fue detenido y vinculado a proceso. Es decir, de los dos casos más relevantes, uno continúa en la fase de investigación, mientras que el otro avanza y todo indica que será sentenciado a cárcel aunque faltaría precisar el tiempo de su condena.
Sin embargo, a pesar de los avances existentes en estos casos, grupos de mujeres los consideran insuficientes y por eso han salido a la calle para demandar se aplique la justicia, en particular en el caso de la joven de Azcapotzalco, y acusar que los elementos policiacos, en lugar de vigilarlas y cuidarlas, prefieren violarlas.
Resultan lamentables estos casos, pero considero que no pueden generalizarse esta situación, es decir, que no todos los policías incurren cotidianamente en este tipo de delitos, lamentablemente podrán incurrir en otros, pero no en estos.
Por ello se puede afirmar que estas violaciones han servido de respaldo para alentar a que grupos femeninos salgan a la calle a inconformarse, lo cual no resulta criticable, ya que están en su total derecho a manifestarse y protestar por lo que consideran injusticias, pero lo criticable es que en esas movilizaciones se incurran en actos violentos.
Es decir, ellas protestan porque mujeres han sido violentadas, pero para expresarlo cometen actos violentos y no solo contra los edificios públicos, también contra mobiliario urbano, comercios, edificios de departamentos y todo lo que encuentran a su paso. Es como querer combatir el fuego con más fuego y esa no es una solución adecuada.
Quizá podría ser aceptable que cerraran edificios públicos, realizaran marchas o bloquearan vialidades, pero no dañar propiedades, en especial negocios sin importar su tamaño por, entre otras razones, una muy específica: en lugar de ganar simpatías de las personas hacia sus movilizaciones, generan disgusto y rechazo.
Resulta muy cierto que pueden existir agrupaciones interesadas en manifestarse sin caer en actos violentos, pero también debe reconocerse que como en otras marchas, existan grupos de anarquistas que se infiltran y son los generadores de los actos violentos, por lo cual resulta necesario que las verdaderas interesadas en que se imparta la justicia se deslinden de estas agresoras.
Toda la sociedad, no solamente las mujeres inconformes, tiene deseos de terminar con las acciones ilegales cometidas no únicamente policías municipales, estatales o federales, también por agentes municipales y militares, que se creen inmunes a la justicia por el simple hecho de portar un uniforme, pero de ninguna manera debería aceptarse la violencia.
Pero también una observación para las autoridades capitalinas: bajo el argumento de que ellas de ninguna forma serán represoras, terminaron con el agrupamiento de granaderos cuando en realidad esa corporación se dedicaba a controlar manifestaciones para evitar que se cometieran desmanes.
Resulta necesario volver a contar con una agrupación de ese tipo, sin importar el nombre que se le otorgue, encargado de esa tarea, es decir que no sean simples observadores de cómo se daña tanto a personas, mobiliario urbano y negocios que resultan ajenos a las protestas públicas.
Porque Jesús Orta Martínez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, consideró que en la manifestación de viernes la policía capitalina no fue rebasada, sino que se decidió no frenar esas acciones de protesta, para actuar acorde a las decisiones tomadas y así “poder decir que, al final de día, fuera de los lesionados, hay un saldo blanco”.
Puntualizó que si bien las manifestaciones dejaron varios daños a monumentos e infraestructura de la capital, el costo es menor de lo que hubiera sido con intervención policiaca.
Por esas declaraciones entiendo que puede haber personas lesionadas –de acuerdo con información de los medios, fueron al menos 17 personas el viernes, varias de ellas representantes de los medios de comunicación‑, para decir que hubo saldo blanco, ¿entonces es necesario que haya muertos para que las autoridades intervengan?
