Maullidos Urbanos

Por Gato de Barrio
gatodebarrio57@gmail.com

Si bien nos encontramos inmersos en la fiebre futbolera, las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y las polémicas por las acusaciones contra los narcopolíticos, se debe recordar que estamos a quince días del plazo límite para que los usuarios de telefonía celular se registren con las correspondientes empresas prestadoras del servicio, según los lineamientos de la la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

De acuerdo con datos de esta Comisión al corte del 12 de junio de la Comisión, únicamente 59 millones 167 mil de celulares de un total de 144 millones han cumplido con el registro, es decir aproximadamente 84 millones de teléfonos no lo han hecho, es decir 58.33%.

Pero de lo poco difundido es que un ciudadano originario de Aguascalientes decidió interponer el primer amparo judicial para impugnar el registro obligatorio y logró que el caso llegara a los tribunales. El recurso se presentó el 10 de febrero de 2026 y fue admitido al día siguiente por el Juzgado Primero de Distrito en ese estado, aunque su identidad se mantiene en reserva por razones de privacidad.

Su argumento central es que los lineamientos emitidos por la CRT omiten garantías de derechos humanos fundamentales; señala que la norma condiciona el acceso a los servicios de telecomunicaciones, reconocidos como un derecho en el artículo sexto de la Constitucional.

De esta forma busca proteger sus dos números telefónicos y evitar sean vinculados a su identidad sin su consentimiento expreso. Con este amparo se abre una discusión jurídica que va más allá de un caso individual, ya que si los tribunales resuelven en favor del ciudadano, se podría sentar un precedente para que otros usuarios repliquen la estrategia legal.

Se recuerda que las líneas que no cumplan con el trámite, a partir del 1 de julio serán suspendidas parcialmente, por lo cual el usuario perderá el acceso a llamadas, mensajes de texto y datos móviles, con la excepción de llamadas de emergencia. Las operadoras confirmaron que la suspensión se levantará cuando el usuario regularice su situación.

Además Carlos Slim, dueño y accionista mayoritario de América Móvil y Telcel, ya pidió públicamente que las autoridades reconsideren tanto el plazo como el mecanismo del registro obligatorio; reconoció que el avance en el segmento prepago –cerca del 80% de líneas del país–, va demasiado lento para el tiempo que queda. Recomendó que darle “una reestudiadita” al esquema para que resulte más eficaz, tanto para los usuarios como para la autoridad.

Es decir, consideró que de no replantearse el proceso, el 1 de julio podría haber un corte masivo de líneas telefónicas que afectaría no solo a clientes y empresas, sino también a las propias instituciones del gobierno.

Por lo tanto la combinación de un amparo judicial activo, el rezago en el registro y las advertencias de la empresa líder del mercado coloca al gobierno ante una presión inédita sobre una norma que, según sus impulsores, pretende combatir extorsiones y fraudes que se amparan en el anonimato de los números celulares, lo cual aún no ha sido totalmente garantizado por autoridades federales.

Incluso ya se han presentado casos de tráfico de chips, presuntamente “registrados”, con lo cual anticipadamente suceden casos irregulares e ilegales, tales como los que se pretende combatir y terminar.