• Especialistas de SIPINNA, del Poder Judicial del Estado de México, de la Red por los Derechos de la Infancia en México y de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes coincidieron en que la protección de quienes tienen a una madre o un padre privado de la libertad exige coordinación institucional, representación jurídica, presupuesto suficiente y políticas con perspectiva de género; la mesa se realizó en el marco del 2° Congreso Internacional Infancias con Referentes de Crianza en Prisión.

TOLUCA, Estado de México.

Por La Redacción.

Hay niñas y niños que crecen dentro de un centro penitenciario, junto a su madre. Y hay otros miles que viven fuera, pero con un referente de crianza privado de la libertad. En ambos casos, sus derechos se juegan en los espacios que deja la ausencia: la escuela, el cuidado, la representación legal, el acceso a la justicia. De esa realidad se ocupó la mesa de diálogo intersectorial «Infancias, derechos e impacto del encarcelamiento», organizada por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) en el marco del 2° Congreso Internacional Infancias con Referentes de Crianza en Prisión.

En la Sala «Dr. Gustavo Baz Prada» del Edificio de Rectoría se reunieron Ana Margarita Romero Bolaños, directora de Políticas de Atención y Promoción de la Justicia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA); Indra Ivón Castillo Robledo, magistrada de la Segunda Sala Colegiada Familiar de Toluca del Poder Judicial del Estado de México; Rebeca Aguayo Sánchez, integrante de la Red por los Derechos de la Infancia en México, y Elías Mendoza Carrasco, representante de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado.

La moderación corrió a cargo de Diana Elisa González Calderón, coordinadora general de la Cátedra de Investigación «Infancias con Referentes de Crianza en Prisión», que reúne a investigadores de distintos espacios universitarios para analizar y defender los derechos de las niñas y niños que habitan centros penitenciarios con sus madres, así como de quienes viven fuera con su padre o madre en prisión.

Escuchar antes de decidir

Los participantes revisaron los mecanismos jurídicos e institucionales para prevenir vulneraciones a los derechos fundamentales de estas infancias, así como las violencias estructurales y la discriminación que enfrentan. Coincidieron en un punto: cada caso debe atenderse de manera particular, con escucha activa y considerando la opinión de niñas, niños y adolescentes de acuerdo con su edad y grado de desarrollo.

También expusieron los obstáculos que enfrentan las organizaciones civiles para visibilizar y defender a quienes viven en centros penitenciarios y a quienes permanecen fuera, en entornos atravesados por la violencia y la presencia del crimen organizado.

Externamiento, con restitución de derechos

Sobre los procesos de separación y externamiento de niñas y niños que viven en prisión, los especialistas señalaron que deben desarrollarse desde un enfoque de restitución de derechos y bajo esquemas de cuidado alternativo adecuados. Para lograrlo, consideraron indispensable identificar posibles vulneraciones y realizar valoraciones multidisciplinarias que permitan ponderar riesgos y beneficios de cada decisión, siempre con el interés superior de la niñez como criterio.

En el caso de quienes permanecen fuera de los centros penitenciarios, resaltaron la importancia del acompañamiento profesional y educativo que favorezca su desarrollo, formación e integración social en condiciones de seguridad.

Lo que falta: presupuesto y coordinación

El diagnóstico final fue claro: la protección integral de estas infancias requiere fortalecer la representación jurídica, la atención especializada y el acompañamiento institucional, además de articular el trabajo de dependencias públicas y organizaciones civiles. Los participantes plantearon la necesidad de incrementar los recursos presupuestales destinados a este sector, consolidar los mecanismos de coordinación interinstitucional y generar espacios de colaboración entre los distintos ámbitos de atención.

Asimismo, subrayaron la importancia de difundir los derechos de niñas, niños y adolescentes e incorporar las perspectivas de género y de derechos humanos en el diseño y la aplicación de las políticas públicas.

Reportera: Jimena Palacios | Fotógrafo: Daniel Quiroz