Alebrijes en Cuadratines
Por Adrián Chavarría Espinosa

ache57@yahoo.com.mx

Los esfuerzos de las autoridades federales y de la Ciudad de México para que la ciudadanía vuelva a favorecer a Morena van en serio e, incluso, van a involucrarse en las alcaldías en particular donde el voto les resultó adverso el pasado seis de junio.

            Para ello usarán la estrategia preferida por el autollamado gobierno de la Cuarta Transformación: los programas sociales. Esos, precisamente, los que según el presidente Andrés Manuel López Obrador llegan al 70% de los hogares mexicanos con cuando menos un programa de bienestar o se beneficia de alguna manera del presupuesto nacional, mientras que el resto, al 30% de los mexicanos “ya tienen mejores condiciones económicas y de trabajo”.

            Pero de acuerdo con cifras del Censo de Población y Vivienda del año pasado, de las 35.2 millones de viviendas registradas, apenas el 25% de las familias obtienen ingresos extras gracias a que al menos uno de sus habitantes es beneficiario de un programa social

            Esos programas, usados más de forma clientelar, para supuestamente los beneficiaros sean considerados como electores cautivos y asegurar sus votos en los procesos electorales, mismos que presuntamente fallaron y por eso perdieron nueve de las 16 alcaldías capitalinas.

            Para revertir esa situación, primero, el presidente Andrés Manuel López Obrador remueve a Gabriel García Hernández de la coordinación general de Programas para el Desarrollo, quien regresó al senado, y designa en su lugar a Carlos Torres Rosas, hasta ese momento secretario técnico de la Presidencia. Recuérdese que ese funcionario es quien controla a todos los delegados federales en los estados de la república.

            Después por decisión presidencial se destituye a Cristina Cruz como delegada federal en la Ciudad de México y en su lugar se nombra a Estefany Correa García, quien había formado parte de la ayudantía del primer mandatario, grupo que sustituyó al Estado Mayor Presidencial en las funciones de cuidar su seguridad y organizar sus eventos públicos.

            A esta acciones ahora se suma una decisión emanada desde el gobierno de la Ciudad de México: la creación de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana tanto en la administración central como en todas alcaldías capitalinas, con el propósito no solo de controlar el padrón de beneficiarios de los programas sociales, sino también usarlo con fines electorales, de acuerdo con quejas de la oposición.

            Esta es una figura creada mediante el decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 16 de agosto, se repetirá en cada una de las 16 alcaldías, con el presunto objetivo de concentrar la información de programas de carácter social y supervisar la labor de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) capitalina.

            Además, para que opere esta nueva figura administrativa se precisa que será a cargo de cada una de las alcaldías, es decir, un gasto más.

            Esta decisión fue impugnada por la oposición como Diego Garrido, diputado local del PAN quien afirmó que de esa forma quieren ocupar todo el aparato del Estado para un fin político-electoral. “A través de esta figura quieren centralizar el manejo de programas sociales y, por lo tanto, los recursos públicos, y lo tratan de usar con fines políticos”

            Margarita Saldaña, alcaldesa electa de Azcapotzalco, destacó que “la mayoría de los programas sociales (que ejecutan las alcaldías) son de Sibiso: el de Comedores, el de Empoderamiento de Mujeres, el de Cuidadoras y Cuidadores, entre otros, por lo tanto considera que esa figura está creada para manejar los programas sociales, sus padrones y no compartir esa información con los alcaldes de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México.

            Dijo que hasta ahora, “prácticamente todos los programas sociales de Sibiso se llevaban a través de la alcaldía y, por lo que veo, lo que pretenden ahora es que Sibiso ya no toque base con los alcaldes, sino que vayan directo de la Secretaría de Bienestar hacia los ciudadanos”.

            En respuesta Nancy Núñez, diputada local de Morena, defendió que estos funcionarios que comenzarán labores el próximo 1 de octubre sólo tendrán incidencia en el tema de los programas sociales de la Sibiso, pero no sobre los demás programas sociales de la alcaldía”.

            Argumentó que anteriormente ya existía esa función bajo el nombre de Coordinaciones de Participación Ciudadana, como encargadas de tener vinculación con la ciudadanía, de generar procesos de participación ciudadana” y agregó que el decreto sólo implica dotarle a esas áreas de “responsabilidades más concretas”, las cuales las califico como muy necesarias “para que la población sepa cuáles son los programas sociales”.

            En la sesión del pleno del Congreso del pasado 14 de septiembre, Daniela Álvarez, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobierno local a eliminare esa figura, al considerarla como una figura inconstitucional.

            Sin duda esta medida sí es con el fin de que las autoridades de la Ciudad de México e. indirectamente Morena, tengan el control tanto de los programas sociales como de sus beneficiarios lo cual les permitirá maniobrar desde ya para las elecciones del 2024, tanto locales como federales y presidenciales, para tener los mejores resultados en su favor.