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Opinión

Juicio político o nueva cortina de humo

Maullidos Urbanos
Por Gato de Barrio

gatodebarrio@yahoo.com.mx

Bajo los cargos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada,  la Fiscalía General de la República inició una investigación contra Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, a fin de que la Cámara de Diputados federal inicie el proceso de desafuero en su contra.

            Ante este proceso el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que exista una persecución política en contra del mandatario tamaulipeco; precisó que se debe esperar a que los legisladores federales resuelvan, e insistió en que en su gobierno “no tenemos doble discurso, no somos hipócritas”.

            Por su parte Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, aseguró que el procedimiento se realizará con transparencia y sin «venganza de ningún tipo»; indicó que las pruebas de las denuncias contra el gobernador se entregarán a todos los diputados, para que puedan tener acceso al caso.

            Sin embargo el inculpado pidió a la Cámara de Diputados desechar la solicitud de desafuero al argumentar violaciones a sus derechos humanos y en una visita a la Secretaría General en el Palacio de San Lázaro, entregó un documento de dos páginas, donde argumentar las razones para declarar infundadas las imputaciones.

            Esos son los hechos. La realidad es que el juicio es una nueva cortina de humo, a fin de minimizar las denuncias de irregularidades del gasto federal reveladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), correspondiente al primera año de gobierno de López Obrador, donde si bien hay dudas sobre las cifras acerca de las deudas generadas por la cancelación de la construcción del aeropuerto en Texcoco, hay otras irregularidades que deben ser aclaradas.

            La ASF detectó inconsistencias por 67 mil 498 millones de pesos que van desde pagos a beneficiarios fallecidos, servicios que no se pudieron comprobar, trabajadores por honorarios que desconocieron las firmas en los contratos, pagos duplicados y recursos que no se reintegraron pese a que no se pagaron, entre otros asuntos pendientes de aclarar.

            Además, en la Legislatura Federal existen otros juicios que deben tramitarse antes y de que la decisión final sobre el desafuero correspondería a la Cámara de Diputados y del Tribunal tamaulipecos, donde no existen la mayoría suficiente para desaforar al mandatario.

            Sin embargo con este asunto además de buscar ocultar las revelaciones de la ASF, también será un tema que explotará Morena durante la actual temporada político electoral.