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Alebrijes en Cuadratines Opinión

Descontrol político de López Obrador

Alebrijes en Cuadratines
Por Adrián Chavarría Espinosa

ache57@yahoo.com.mx

Desde el pasado 27 de enero, cuando se divulgó que José Ramón López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, había residido en una lujosa casa en Houston, Texas, el presidente, ha tenido los peores días de su administración. Además, no ha podido aplicar un adecuado control de daños, al contrario, sus medidas le han resultado contraproducentes.

            Ese día la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el portal Latinus revelaron que el hijo mayor del mandatario residió de septiembre de 2019 a julio de 2020, junto con su esposa, en una residencia valuada en un millón de dólares, propiedad de Keith Schilling, empleado de Baker Hughes, compañía que tiene contratos con Pemex.

            Ese inmueble, de 447 metros cuadrados de construcción, con finos acabados en piedra y madera; cuatro habitaciones, cuatro baños completos, espacio para tres vehículos, amplia cocina, sala de estar, bar, sala de juegos y hasta una sala de cine, representa todo lo contrario del discurso de austeridad y de vida sencilla, sin ostentaciones, enarbolado por el presidente.

            Al hablar de la crisis económica provocada por el COVID-19 y el modelo económico neoliberal en México, en su conferencia mañanera del 11 mayo de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia de ahorrar y dejar de ostentar lujos. Así justificó la austeridad republicana: “no consumir de manera enfermiza. Si ya tenemos zapatos ¿Para qué más? Si ya se tiene la ropa indispensable, sólo eso. Si se puede tener un vehículo modesto para el traslado ¿Por qué el lujo?”.

            Sobre la que llamado la “casa gris”, el político tabasqueño respondió hasta el 31 de enero, cuando sin negar la información, defendió a de su hijo y tras minimizar el reportaje dijo: “En este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se le da contrato a ningún recomendado”. Puntualizó: “En el asunto del matrimonio pues ahí está complicado meterse, ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el Gobierno”.

            Incluso, al día siguiente, López Obrador anticipó que “está abierta la investigación: a ver de quién es la casa, qué contratos recibieron de Pemex, quién los autorizó. Pues no van a encontrar nada, absolutamente nada, pero (montaron) el escándalo”.

            En esos momentos López Obrador ya había perdido el control de la agenda política que imponía diariamente a través de sus conferencias y, a pesar de la intervención de diversos funcionarios, entre ellos el director general de Pemex, en lugar de tranquilizar el ambiente sucedió lo contrario: se generaron nuevas líneas de investigación informativa.

            Por ello se confirmaron, entre otras cosas, que sí vivió José Ramón en esa residencia, que era propiedad de un directivo de Baker Hughes, que el hijo trabajaba como abogado en empresa inmobiliaria de los hijos de Daniel Chávez, asesor “honorario” en el Tren Maya y se insistía en que de ninguna forma existía conflicto de intereses.

            Surgieron más revelaciones: con el fin de “proteger” al hijo se creó al vapor una página en internet la cual se integró con fotos e imágenes “pirateadas” de otros sitios, que no se tenían referencias de que el hijo tuviera licencia para ejercer en Estados Unidos, que el “asesor” se había beneficiado con ampliación de permisos y concesiones en varios de sus negocios.

            Por supuesto, el presidente reaccionó e intentó desviar la atención pública hacia otros temas, como el inexplicablemente “poner en pausa” las relaciones con España, aunque sin llegar a un rompimiento diplomático y, tras “revelar” los presuntos ingresos salariales del periodista Carlos Loret de Mola, los calificó de exagerados comparados con los suyos.

            Después sumó a su demanda a otros comunicadores como Ciro Gómez Leyva, Carmen Aristegui, Joaquín López Dóriga y Jorge Ramos. Estas demandas, calificadas de ilegales por abogados, fueron solicitadas por López Obrador no como presidente, sino como ciudadano, lo cual no procede porque no puede dejar de lado su investidura.

            En protesta por estas agresiones hacia los comunicadores y los asesinatos de cinco periodistas, reporteros y camarógrafos que cubren las cámaras de Diputados y de Senadores, así como quienes asisten a las mañaneras, se manifestaron sin que existiera una respuesta formal a sus demandas, únicamente la respuesta de que su gobierno no censura ni es asesino.

            Todo lo anterior le han generado críticas ya no solo a nivel nacional, sino también internacional, lo cual le ha provocado cada vez mayores disgustos al mandatario, quien no encuentra cómo salir avante de todos estos conflictos.

            Entre lo más reciente acerca de José Ramón y la “casa gris”, la periodista Peniley Ramírez publicó en Reforma que de forma inusual e irregular no se inscribió en el registro de propiedades de Houston su alquiler; además, la renta mensual era de cinco mil 700 dólares y los interesados debían demostrar ingresos por más de 17 mil dólares mensuales.

            La demanda de los periodistas que han dado seguimiento a todo este asunto, es que López Obrador debe aclarar cómo es que su hijo tiene ingresos legales para el tipo de vida que mantiene, en lugar de exigir que se divulguen los sueldos de los periodistas.

            Mientras eso no suceda seguirán creciendo los problemas para el presidente, quien inculpar a otros, en especial a periodistas, empresarios, “neoliberales”, “conservadores” y corruptos, de querer dañar a su gobierno y a la cuarta transformación que él pretende impulsar.