Maullidos Urbanos
Por Gato de Barrio
Ya han sido constantes y repetidas las ocasiones en que el presidente Andrés Manuel López Obrador expresa su crítica a varios marcos legales, que califica de obsoletos, conservadores y corruptos, incluso desde hace años demanda una profunda reforma al Poder Judicial. Sin embargo, lo que sucede es que a él no le gustan porque limitan sus aspiraciones políticas.
Recordemos sus frases como “al diablo con las instituciones” o “no me digan que la ley es la ley”, con las cuales manifiesta su inconformidad con leyes que le impiden seguir con su gobierno a su modo por lo cual, por ejemplo, cuando no pasó su iniciativa de reforma constitucional electoral recurrió al famoso “Plan B”, para alcanzar sus propósitos con cambios en legislaciones secundarias y recurrir a los decretos que en ocasiones resultan cuestionables.
De igual manera se ha pronunciado en contra de los órganos autónomos al calificarlos de onerosos, inútiles, de duplicar las funciones de autoridades federales y, nuevamente, de ser fuente de corrupción, al grado de que en varios faltan integrantes que ponen en riesgo su operación e, incluso, a otros donde no ha podido manipular las ha querido reducir, como ha sucedido con el Instituto Nacional Electoral.
Incluso, cuando él envía una iniciativa de ley ya se sabe que se debe aprobar sin siquiera cambiarle una coma, aunque este con faltas de redacción y sintaxis, con lo cual pretende que el Congreso Federal asuma el papel de simple oficialía de partes.
A fin de respaldar sus intenciones López Obrador utiliza sus conferencias mañaneras, desde donde diariamente rebasa el propósito original de exponer los avances de sus programas y acciones, para desde ahí proferir acusaciones, perfila tendencias económicas y dicta línea en cuestiones sociales a sus seguidores y a los militantes de Morena. Incluso, en la sección “Quién es quién en las mentiras”, con plena consciencia revuelve información con opinión, donde para él columnas y artículos se exponen puntos de vista de analistas, especialistas y periodistas, simplemente las descalifica por “carecer de verdad”.
Por eso, en el juicio de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, se mostró más contento cuando un jurado ciudadano –quien atendió versiones de delincuentes reconocidos y sentenciados, sin existir ninguna prueba concreta–, lo consideraron culpable de todos los cargos que se le imputaban.
Incluso le propuso al exfuncionario federal que se proponga como testigo colaborador para que ahora implique a quienes fueron sus jefes, los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, a fin de que sean sometidos a juicio. Con ello, sin duda, lograría su venganza por el supuesto fraude en las elecciones presidenciales del año 2006,
Pero, cuando existe alguna medida contraria a sus deseos de inmediato reacciona y anuncia que la impugnará, como sucede con la decisión del ministro Alberto Pérez Dayán quien otorgado una medida cautelar para suspender la aplicación de las reformas a las dos primeras leyes promulgadas y vigentes del Plan B en las elecciones en Coahuila y el Estado de México.
La Consejería Jurídica de presidencia advirtió que impulsará los medios de impugnación que establece la ley reglamentaria, para revertir los efectos de esta determinación “arbitraria e ilegal».
Es decir, mantiene su no aceptación de la leyes que no le gustan, pero deberá esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la serie de impugnaciones a ese Plan “B”, porque en caso de invalidar todas las reformas al compendio de leyes secundarias, indudablemente su molestia, enojo y cólera serán mayúsculos. Esperemos que así suceda.
