Maullidos Urbanos
Por Gato de Barrio
Óscar Andrés Flores Ramírez, alias El Lunares, considerado como el líder del cártel criminal conocido como La Unión Tepito, fue puesto en libertad por segunda ocasión el pasado viernes, tras de que un juez de la Ciudad de México considerara que no fue debidamente acreditado el delito de secuestro exprés agravado por el que se le acusaba.
Inicialmente fue detenido por posesión de cocaína, armas y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, pero liberado por aparentes contradicciones en el informe sobre su detención. Cuando salía libre, policías de Investigación lo reaprehendieron por secuestro. Y aunque fue liberado por segunda ocasión, nuevamente agentes de la Policía de Investigación lo recapturaron, pero ahora acusándolo del delito de homicidio.
De inmediato el penalista Arturo Toscano, su abogado defensor, acusó al gobierno de Ciudad de México de violar los derechos de Óscar Andrés y de pretender exhibirlo como trofeo para justificar sus fallas en materia de seguridad, mientras Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalina, crítico la decisión del juez local que ordenó la segunda liberación y a través de un Twitter, afirmó que no es posible combatir a la delincuencia sin el compromiso de todas las autoridades competentes.
La detención de Flores Ramírez había sido una de las de más alto perfil realizada en las últimas semanas por autoridades capitalinas, al ser considerado como uno de los principales generadores de violencia en la CDMX, asociándosele con extorsiones a negocios del centro de la capital, así como con secuestros, invasión de predios y tráfico de drogas.
Según las investigaciones gustaba caminar por calles de varias colonias y para no llamar la atención en varias ocasiones circulaba en motoneta, pero siempre acompañado de al menos diez hombres que servían de sus halcones y guardaespaldas.
No ha sido la única falla de la justicia. Recuérdese la fallida captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán en Culiacán, por la falta de una orden de aprehensión.
Por lo anterior surge el interrogante de dónde se presenta la falla en la justicia mexicana ¿En las leyes, en la preparación de los cuerpos policiacos, en la incapacidad de los agentes del ministerio público para armar adecuadamente las carpetas legales, en los jueces que dan su particular interpretación del marco legal o todo ello conjugado al mismo tiempo? Lo que sea, pero la ciudadanía exige la aplicación de la ley correctamente para sancionar a quienes promueven los actos delictivos, como un decidido paso para recobrar la confianza ciudadana.