* Uno de los implicados es servidor público en activo; el otro presuntamente seguía haciéndose pasar por funcionario municipal

Toluca, Estado de México.

Por La Redacción.

Dos hombres fueron detenidos por su presunta participación en actos de extorsión contra comerciantes de Toluca, luego de una investigación realizada por elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección a partir de denuncias ciudadanas.

De acuerdo con las indagatorias, los probables responsables intimidaban a propietarios y encargados de establecimientos comerciales al asegurar que podían evitar inspecciones, clausuras o sanciones administrativas a cambio de recibir dinero u otros beneficios económicos.

Las investigaciones permitieron identificar que uno de los detenidos se desempeña como servidor público adscrito al Departamento de Inspección y Control Comercial de la Dirección General de Gobernación, mientras que el segundo ya no forma parte de la administración municipal, aunque presuntamente continuaba presentándose como integrante de esa dependencia para participar en estas conductas.

Como resultado del trabajo de análisis, recopilación de evidencias y seguimiento operativo, las autoridades implementaron un dispositivo en la delegación San Lorenzo Tepaltitlán, donde fueron detenidos Enrique «N» y Hugo Antonio «N».

Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), instancia que determinará su situación jurídica conforme a las investigaciones correspondientes.

El Gobierno municipal, encabezado por el alcalde Ricardo Moreno, reiteró que en Toluca existe una política de cero impunidad y que no habrá tolerancia para quienes utilicen o pretendan aprovechar un cargo público para obtener beneficios indebidos.

Asimismo, la administración municipal señaló que continuará fortaleciendo las labores de investigación, inteligencia y coordinación institucional para prevenir y combatir actos de corrupción y otros delitos que afecten a la población.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de extorsión o corrupción, con el propósito de fortalecer las acciones de prevención y garantizar el cumplimiento de la ley.