Maullidos Urbanos
Por Gato de Barrio
¿Recuerdan la vieja serie cubana de radio llamada “La tremenda corte”? En ella, el pícaro de José Candelario Tres Patines intentaba torcer la ley para intentar justificar sus actos ilícitos y que no fuera enviado a la cárcel, pero el Juez siempre se mostraba inflexible y terminaba sentenciándolo una y otra vez enviándolo a la prisión llamada “El Castillo”.
Pues algo semejante acontece con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pretende actuar conforme al marco legal vigente, pero para ello intenta ajustar las leyes y reglamentos a su gusto y parecer, a fin de no ser acusado de violentarlas.
Así sucede con su reciente decreto, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación en una muy tardía edición vespertina del pasado lunes o, según él, un acuerdo con los integrantes de su gabinete, para declarar que todos sus proyectos y obras de infraestructura sean declarados de interés público y seguridad nacional.
Sus supuestas intenciones son de acelerar a la burocracia para que en siete días se extiendan a sus obras de infraestructura todos los permisos y licencias provisionales necesarias a fin de acelerar su realización y, en el plazo de un año, recibir las aprobaciones definitivas.
En su conferencia mañanera López Obrador intentó minimizar la trascendencia de su “acuerdo” para señalar que es algo interno, totalmente ajeno con la transparencia y reiteró que todos están obligados a rendir cuentas.
Sin embargo, a excepción de los legisladores de Morena, ningún sector social o político respaldó tal argumentación. Ante ello, mientras los senadores panistas analizan iniciar una acción de inconstitucionalidad, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales analiza si este acuerdo no vulnera el derecho el acceso a la información y la máxima publicidad.
Entre los argumentos contra el acuerdo, calificado como un acto de autoritarismo, es que se pretende anular el derecho de amparo a los afectados por las obras y proyectos que se intenten impulsar. Se puso de ejemplo la construcción del Tren Maya, que puede afectar a zonas naturales de la península de Yucatán y, después de un año de haberse autorizado las labores, sería imposible revertir todos los daños causados al medio ambiente.
Es de esperar que como el Juez de “La tremenda corte”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se imponga y descalifique ese “acuerdo presidencial”; que de ser aplicado afectaría sensiblemente la vida constitucional del país.
