Maullidos Urbanos

Por Gato de Barrio
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Algo raro sucede al interior de la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, ya que en menos de 48 horas quedaron fuera dos fiscales que tenían asuntos de alta relevancia, además de la problemática situación en la que se ha involucrado a Alejandro Gertz Manero, anterior fiscal, por el caso del piloto de la avioneta en la que el Ismael “El Mayo” Zambada fue llevado a Estados Unidos, en contra de su voluntad, para ser entregado al FBI.

Primero, Ulises Ruiz renuncia “por motivos personales” a la Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes, cargo en el que estuvo apenas por poco más de seis meses. Debe recordarse que este exfuncionario fue un muy cercano colaborador de Godoy cuando ella era fiscal general de la Ciudad de México. Incluso, fue su vocero oficial para informar de temas cotidianos.

A finales del 2023 quedó como fiscal interino a la salida de Ernestina Godoy, pero como solo tenía la cédula en Sociología, en 24 horas obtuvo el título de licenciado en Derecho en el Centro Universitario Cúspide de México –una escuela “patito” –, debido a que ese es un requisito para poder ejercer ese cargo. Tras haber sido designado como delegado de la FGR en el estado de Morelos, el 2 de enero pasado asumió la responsabilidad a la cual apenas dimitió.

Ahora, este jueves la FGR destituyó a Óscar Langlet González de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, presuntamente por negarse a archivar una carpeta de investigación por instrucción de sus superiores. La solicitud de su renuncia fue el pasado 29 de junio, cuando se reincorporaba a sus actividades tras someterse a una cirugía mayor.

Langlet asumió ese cargo el 1 de enero de este año. Antes fue un cercano colaborador de Gertz Manero, al desempeñarse como su coordinador de asesores y posteriormente como consejero jurídico. Hasta el momento la Fiscalía no ha emitido información alguna para explicar o justificar las salidas, tanto de Ruiz como de Langlet.

Ahora se suma el hecho del caso del “secuestro” de “El Mayo” Zambada para ser entregado a las autoridades norteamericanas, ya que quien piloteó la aeronave en la que fue trasladado, una persona identificada como Mauro Alberto “N”, alias “El Jando”, quien tras haber sido detenido e identificado en México, posteriormente fue extraditado a Estados Unidos por ser considerado un peligroso delincuente.

El problema es que tras la demanda de autoridades norteamericanas para que sean entregados diez políticos sinaloenses por sus presuntas relaciones con narcotraficantes, entre ellos Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia –quien ha sido ampliamente defendido por la presidenta Claudia Sheinbaum–, se ha levantado el debate del porqué fue entregado a Estados Unidos sin haber sido interrogado acerca de ese viaje, a fin de establecer sí es que el FBI estuvo involucrado en ese traslado.

Entonces, ante el hecho de haber sido identificado como participante en el “secuestro” del mencionado narcotraficante, la extradición de “El Jaen” sucedió bajo la responsabilidad de Gertz Manero, hecho cuestionado por especialistas en seguridad pública ya que con ello lo consideran como muestra de deficiencia e incapacidad de la FGR y del gabinete de seguridad, organismo que fue quien autorizó la extradición,

Incluso, en su conferencia mañanera la presidenta Sheinbaum aseguró que la FGR es quien debe determinar y esclarecer cualquier posible omisión o responsabilidad derivada por parte de Gertz Manero en la entrega del piloto. Incluso, señaló que fue interrogado en México y aunque negó pertenecer a una organización criminal, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana federal, admitió que había sido identificado con su nombre real y su participación en el citado caso.

Aunque precisó que, en caso necesario, existe la posibilidad de volver a tomarle una nueva declaración en Estados Unidos. Y a pesar de decir que sería un asunto sencillo, en realidad resulta complicado por todo lo que implica en las relaciones entre el gobierno de ese país y México.

De esta forma la presunta autonomía de la FGR no existe en realidad, ya que antes de emitir algún comunicado o tomar alguna decisión o acción, se mantiene en espera de lo que se instruya desde Palacio Nacional. Sea Procuraduría o Fiscalía General de la República, sin importar el cambio de nombre, en el fondo nada cambia o quizá sí: para empeorar.