Maullidos Urbanos
Por Gato de Barrio
Desde hace años las autoridades de Salud y de Educación han propugnado por evitar el consumo tanto de alimentos como bebidas con exceso de azúcares, razón por lo cual las empresas alimentarias han impulsado una nueva generación de productos promocionados como opciones prácticas, saludables o “ideales” para menores.
Sin embargo, organizaciones civiles han realizado sus estudios particulares para determinar si diversas bebidas cumplen con las especificaciones recomendables en la cantidad de azúcar. Por ejemplo, en un análisis presentado conjuntamente por El Poder del Consumidor y la Alianza por la Salud Alimentaria, se revisaron 31 productos comercializados para el entorno escolar, como jugos, néctares, leches saborizadas, yogures, bebidas endulzadas y gelatinas.
El resultado encendió las alertas: algunos jugos dirigidos a menores tendrían más azúcar que una Coca-Cola de 500 mililitros y, aun así, se venden sin sellos de advertencia.
Citan como ejemplo que un jugo Del Valle Junior sabor manzana tiene 13 cucharaditas de azúcar en 500 mililitros, frente a diez cucharaditas en la misma cantidad de una Coca-Cola Original. En diversos casos se identificaron productos con hasta doce, trece o más cucharaditas de azúcar por envase equivalente, a pesar de que en sus empaques utilizan mensajes asociados con la lonchera, el regreso a clases o el consumo cotidiano.
En el estudio se destaca que la denuncia no es sólo nutricional, sino regulatorio ya que las organizaciones puntualizaron que estos productos aprovecharían una interpretación de las normas oficiales mexicanas, las NOM, para evitar los sellos de advertencia y mantener estrategias de publicidad dirigidas a niñas, niños y adolescentes.
El Poder del Consumidor considera que el problema radica en que varios productos declaran ingredientes como pulpa, jugo concentrado o jugo reconstituido de fruta como parte de sus azúcares totales, más no como azúcares añadidos o libres. Según la NOM-051, los azúcares provenientes de jugos de fruta deben ser considerados azúcares libres cuando se usan para endulzar un producto. Por ello, las organizaciones insisten que estos productos deberían portar sellos de “exceso de azúcares” y “exceso de calorías”.
La gravedad del problema radica en que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2020-2022, en el país viven 12.7 millones de menores y adolescentes de cinco a 19 años con sobrepeso u obesidad. Además, más de 60% de la población de cinco a 19 años consume más azúcares añadidos de los recomendados.
En una segunda categoría se estudiaron leches saborizadas como yogures, bebidas endulzadas y gelatinas, productos identificados bajo otra estrategia, donde 70% de los productos tienen lactasa, mientras todas las bebidas y postres llevan alulosa o inulina, además de colorantes como amarillo 5 y 6, rojo 40, azul 1, caramelo IV, colorantes y saborizantes para conservar el dulzor o mejorar la apariencia, para evitar activar sellos de advertencia.
De acuerdo con loas organizaciones el problema es que varios de estos ingredientes no cuentan con evidencia suficiente sobre su consumo seguro a largo plazo en menores. Por ello pidieron aplicar el principio precautorio y evitar que estos productos entren a las escuelas, incluso si formalmente carecen de sellos.
Por todo lo anterior, Gabriela Guzmán, de la coordinación jurídica de El Poder del Consumidor, señaló que la denuncia presentada ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) busca que esa autoridad ejerza sus facultades de verificación y vigilancia y revise si estos productos cumplen con la NOM-051.
En caso contrario, la demanda es que se les coloquen los sellos correspondientes cuando sea necesario y se sancione a las empresas que incumplan la regulación, además de revisar la publicidad en empaques y redes sociales, especialmente al incluir personajes, deportistas, caricaturas o supuestos expertos que recomiendan el consumo de estos productos.
Por la salud de millones de menores es necesario que las autoridades sanitarias, además de las escolares, elaboren y difundan un listado de productos o ingredientes no recomendables para su consumo habitual. De esta forma se excluirían del entorno escolar productos que, aunque sin tener sellos, representen un riesgo por sus ingredientes, aditivos o características.
