• La directora de Legislación Universitaria coordina los trabajos del anteproyecto que busca actualizar el marco jurídico de la institución tras más de tres décadas.

Toluca, Estado de México.

Por La Redacción.

Con una trayectoria cercana a cuatro décadas dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), María del Carmen Díaz Arellano participa en uno de los proyectos jurídicos más importantes para la institución: la elaboración del Anteproyecto de Reforma a la Ley Universitaria.

Licenciada en Derecho, Díaz Arellano se incorporó a la UAEMéx en 1986 y desde entonces ha participado en diversos procesos relacionados con la construcción y actualización del marco normativo universitario. Entre sus contribuciones destaca su intervención en la elaboración de la Ley Universitaria vigente y del Estatuto Universitario, documentos que han regulado la vida académica y administrativa de la institución durante más de tres décadas.

Actualmente, como directora de Legislación Universitaria, coordina la integración del Anteproyecto de Reforma a la Ley de la UAEMéx, propuesta que surge de las aportaciones realizadas por estudiantes, docentes y personal universitario con el objetivo de fortalecer la estructura institucional y responder a los desafíos actuales de la educación superior.

De acuerdo con la información presentada por la universidad, el anteproyecto está integrado por siete títulos y 186 artículos, enfocados en fortalecer la representación universitaria, ampliar la participación de centros universitarios y unidades académicas profesionales en la toma de decisiones, impulsar modelos académicos innovadores y consolidar una mayor vinculación social.

La propuesta también contempla aspectos relacionados con inclusión, igualdad sustantiva, salud mental, libertad sindical, remuneración laboral igualitaria y la creación de un Sistema de Ética y Justicia Universitaria.

A lo largo de su trayectoria, Díaz Arellano ha participado en la elaboración y actualización de reglamentos, lineamientos y disposiciones normativas bajo principios de legalidad y respeto a los derechos humanos. Su labor, señalan autoridades universitarias, ha estado vinculada al fortalecimiento institucional y a la consolidación de mecanismos de participación y transparencia.

La funcionaria considera que la reforma representa una oportunidad para construir una universidad más incluyente, democrática y cercana a las necesidades de su comunidad, además de sentar las bases para enfrentar los retos futuros de la educación superior.