Alebrijes en Cuadratines
Por Adrián Chavarría Espinosa

ache57@yahoo.com.mx

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que no se imparte adecuadamente la justicia en México tiene razón, al resultar favorable para quienes tienen recursos económicos, pero se equivoca al asegurar que es por culpa de los miembros del Poder Judicial, a quienes reiteradamente ha acusado, generalizando y sin pruebas, de corruptos.

            Vayamos por partes. Cuando un empresario, político o miembro del crimen organizado enfrenta algún proceso legal, ya sea penal, administrativo, civil o de cualquier renglón tienen el dinero suficiente para contratar a experimentados abogados que los defienden, mientras las autoridades utilizan a abogados muchos con mentalidad de burócratas que de encargados de velar por los intereses de la dependencia afectada o de los bienes y recursos de la nación,

            Es decir, los acusados saben perfectamente qué deben hacer para que se anulen todos los cargos en su contra, porque sus abogados conocen al derecho y al revés las diferentes normas y saben aprovechar y manipular todos los recovecos legales existentes en su beneficio.

            En cambio, los abogados institucionales solo utilizan el puesto como trampolín para buscar otro trabajo con menor responsabilidad y mejor paga, donde son pocos quienes se preparan –y muchas veces se capacitan por su cuenta– para lograr un mejor desempeño ante los tribunales, a fin de ganar legal y claramente a sus adversarios.

            Eso sucede en los enfrentamientos donde los verdaderos corruptos, aquellos calificados como de cuello blanco, junto con los miembros del crimen organizado, logran superar al estado en sus correspondientes juicios.

            La situación no cambia cuando se juzgan a personas acusadas por algún delito común, como robo, homicidio, secuestro, estafa entre otros, donde se afirma con mucha razón de que gran cantidad de inocentes se encuentran tras las rejas por falta de una correcta y adecuada defensa legal. Se puede decir que para eso existen los defensores de oficio, es decir abogados pagados por el estado para representar legalmente a quienes no pueden contratar a uno particular para que los defienda.

            Pero sucede que esos defensores resultan insuficientes para toda la carga de trabajo que afrontan. De acuerdo con un informe de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, entre 2020 y 2021 para atender a casi cien mil casos acumulados contaba en ese entonces con 469 defensores de oficio en materia penal. Es decir, cada uno de ellos asistía a tres o seis audiencias orales. incluso, en ocasiones, apenas contaban con cerca de cinco minutos para leer una carpeta de investigación y ponerse al corriente en cada caso. Por lo anterior, cada representante legal de oficio atendía un promedio de 233 casos al año.

            También se detallaba que existían 23 abogados en materia civil y 76 en materia familiar y tan solo de enero a octubre de 2021, en materia penal 44 mil 398 casos fueron atendidos por defensores públicos, así como 843 en materia familiar y 120 en materia civil.

            En el Estado de México la situación no es tan diferente. En 2021, Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Poder Judicial del Estado de México, durante la inauguración del Congreso Nacional de Defensorías Públicas estatales, al dictar la conferencia magistral «La Defensoría Pública en el banquillo de los acusados», señaló las condiciones laborales de estos abogados.

            Mencionó que estos profesionales deberían recibir una remuneración acorde a su carga de trabajo, pues aun cuando tienen bajo su responsabilidad dos o más casos simultáneos, su salario es bajo, lo cual repercute en un bajo número de defensores públicos en la entidad y, cuando menos, deberían ganar lo mismo que los ministerios públicos.

            Explicó que en 2021 el Estado de México contaba con 2.05 defensores públicos por cada cien mil habitantes, mientras que la media nacional sólo era de 3.53, lo que consideró refleja la necesidad de robustecer la defensoría pública en la entidad.

            Sodi Cuellar admitió la necesidad de aplicar acciones que permitan capacitarlos y profesionalizarlos constantemente, pues a través de ello se permitirá medir su eficiencia y las áreas de oportunidad, ante lo cual propuso segmentar los procesos de un modelo de gestión que permita evaluarlos, y consecuentemente, con cargas de trabajo de manera razonada.

            En resumen, mientras quienes operen al margen de la ley y tengan posibilidades de contratar a abogados expertos, enfrentándose a abogados institucionales y defensores mal pagados y con altas cargas de trabajo, podrán seguir saliendo libres porque habrán retorcido la ley para beneficiar a sus clientes y los jueces, a pesar de todo, no podrán evitarlo.

            Cuando López Obrador se siente ofendido al ser acusado de corrupto y deshonesto exige pruebas, pero cuando se las presentan las ignora; en cambio si él llama a los integrantes del Poder Judicial corruptos y deshonestos –“con sus honrosas excepciones”, según él–, no ofrece ningún caso concreto, solo refiere casos vagos sin precisar hechos precisos.

            Entonces es su palabra contra lo que sucede y así siempre piensa quedar impune, pero habrá de esperar el juicio final de la historia y ese no podrá rebatirlo.