*La Fiscalía investiga una red que habría operado desde 2021 mediante la asignación irregular de plazas docentes y el desvío de recursos públicos

Toluca, Estado de México.

Por La Redacción.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que 26 personas fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en un esquema de asignación irregular de plazas de personal del Gobierno del Estado de México, mientras que otro imputado permanece en espera de que se defina su situación jurídica y cinco más promovieron juicios de amparo.

De acuerdo con la institución, la investigación involucra a 33 ex servidores públicos, servidores públicos en funciones y particulares, quienes presuntamente participaron en una red que operaba desde 2021 mediante la contratación de personas que no desempeñaban las funciones para las que fueron registradas o que cobraban salarios sin prestar servicio, bajo el esquema conocido como «aviadores».

La indagatoria inició a partir de denuncias presentadas por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), relacionadas con 459 movimientos de alta de personal en plazas docentes que, presuntamente, fueron asignadas a personas que nunca laboraron en los planteles educativos correspondientes.

Entre los investigados se encuentran dos ex subsecretarios, dos ex directores generales, delegados administrativos, coordinadores, directores de área y subdirectores que laboraron en distintas dependencias estatales, entre ellas las secretarías de Finanzas, Educación y Seguridad, así como la Oficialía Mayor y la SECTI.

Según la Fiscalía, la investigación permitió establecer que servidores públicos de distintas áreas habrían intercambiado claves de acceso a los sistemas administrativos para realizar altas irregulares de personal, asignando plazas a escuelas inactivas con el propósito de evitar que fueran detectadas.

Asimismo, se identificó la existencia de personas que fungían como reclutadores, quienes captaban principalmente a familiares y conocidos para registrar sus datos y abrir cuentas bancarias donde eran depositados los salarios.

Posteriormente, las tarjetas eran retenidas y el dinero retirado para distribuirlo entre los integrantes de la presunta red, mientras que los titulares recibían únicamente una parte de los recursos.

La Fiscalía señaló que, de enero de 2025 a febrero de 2026, este esquema habría generado un daño patrimonial superior a los 96 millones de pesos, cantidad que podría incrementarse conforme avancen las investigaciones sobre hechos ocurridos desde 2021.

Durante las diligencias también se documentó que algunos de los presuntos implicados mantenían plazas docentes con licencias irregulares para conservar beneficios laborales y de jubilación, además de que presuntamente registraban un nivel de vida que no correspondía con sus ingresos como servidores públicos.

La carpeta de investigación está integrada por 30 tomos con aproximadamente 12 mil fojas que incluyen entrevistas, dictámenes periciales, inspecciones y diversos datos de prueba que fueron presentados ante la autoridad judicial para solicitar órdenes de aprehensión y la vinculación a proceso de los imputados.

Los detenidos permanecen sujetos a prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, mientras continúan las investigaciones por los delitos de fraude y abuso de autoridad.

La Fiscalía precisó que las investigaciones siguen en curso y no descartó que puedan derivarse nuevas acciones penales conforme se integren más elementos de prueba.