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Opinión

Sigue el conflicto político en Veracruz

Maullidos Urbanos
Por Gato de Barrio

gatodebarrio@yahoo.com.mx

En el estado de Veracruz, además de la crisis de inseguridad y violencia que se vive día con día, el enfrentamiento entre el gobernador Cuitláhuac García y el Fiscal General de Justicia, Jorge Winckler Ortiz, no solo se mantiene vigente, sino que además se agrava ya que el primero desea tener en el cargo del segundo a una persona más afín a su administración.

            Recuérdese que Winckler Ortiz, fue elegido fiscal por el congreso veracruzano estatal el 30 de diciembre de 2016 para un periodo de nueve años, durante la gubernatura del panista Miguel Ángel Yunes, pero el morenista García ha intentado por diversas formas removerlo.

            Esa confrontación sucede cuando en la entidad se registran casos de violencia, como el reciente caso del ataque a un bar en Coatzacoalcos, donde fallecieron 30 personas y, aparentemente, la relación había mejorado al grado de que el pasado lunes gobernador y fiscal se reunieron en Xalapa, para analizar avances en ese hecho violento.

            Pero un día después, en sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de Veracruz se aprobó por ocho votos a favor y dos en contra, separar temporalmente a Winckler Ortiz del cargo de fiscal general del estado, bajo el argumento de que incumplía el mandato constitucional de tener certificación, revalidación y registro correspondiente para la permanencia en el puesto.

            Esta votación provocó la confrontación entre legisladores morenistas y panistas, incluso una comitiva de legisladores blanquiazules inconformes se trasladó a la Fiscalía General del Estado, pero granaderos ubicados afuera de la dependencia les impidieron el paso.

            Los morenistas eligieron a Verónica Hernández Giadans como encargada de despacho de la fiscalía, quien ya rindió protesta ante los diputados veracruzanos. Por supuesto Winckler respondió con un mensaje donde, además de calificar su separación de ilegal e inconstitucional, responsabilizó al gobernador y al presidente Andrés Manuel López Obrador de lo que le llegara a suceder a él o a sus familiares.

            Lamentablemente los hechos de violencia que deberían ser investigados y sancionados, ahora quedarán en segundo plano, por lo que tanto los integrantes del crimen organizado como los delincuentes comunes podrán actuar sin problema alguno, confiados en que las autoridades responsables se encuentran enfrascadas en sus enfrentamientos políticos.

            En verdad esta no es la transformación que la ciudadanía esperaba ni merece y, desafortunadamente, a esta crisis política no se le avizora una pronta resolución.