Vector Visual

Noticias y Producción Audiovisual

Opinión

Intención oculta

Maullidos Urbanos
Por Gato de Barrio

gatodebarrio@yahoo.com.mx

La aprobación en el Senado de la ampliación a seis años de la presidencia de Arturo Zaldivar al frente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal –es decir como titular del Poder Judicial–, para concluir en el año 2024 en lugar del 2022, ha levantado una gran polémica en los ámbitos políticos y del derecho.

            Aunque todavía falta ser avalada en la Cámara de Diputados para que el Poder Ejecutivo ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor, esta medida recibió el rechazo de la oposición política, de abogados constitucionalistas, catedráticos y expertos en leyes, al calificarla de anticonstitucional y marcar un grave antecedente.

            La única voz en favor de esa decisión fue la del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien expresó: “Estoy a favor de la reforma del Poder Judicial y le tengo confianza al presidente de la Corte. Y si es necesario que se amplíe dos años su permanencia, sobre todo en el Consejo de la Judicatura, porque ahí está el órgano que puede llevar a cabo los cambios, más que la Corte, en el Consejo de la Judicatura, porque tiene que ver con las normas para la elección de jueces, de magistrados, de ministros”.

            Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional de la UNAM, resumió el riesgo de la siguiente forma: “La gravedad es que el día de mañana alguien pueda decir: el presidente de México actual está haciendo muy bien su trabajo y aún hace falta tiempo para que pueda consolidar la cuarta transformación, ¿por qué no le incorporamos un artículo transitorio a la Constitución para que el presidente continúe por dos años, tres o seis años?”.

            Ese es el trasfondo de esta reforma constitucional: abrir la oportunidad para que en un futuro cercano se concrete esa “demanda popular” y “legalmente” se extienda el periodo de gobierno del presidente de la república, quizá inicialmente por dos años y después por tiempo indefinido para así establecer una dictadura.

            Entonces esta sería una primera forma de medir la respuesta y presión social a una no muy improbable intención de que López Obrador pretenda mantenerse más tiempo al frente del Poder Ejecutivo, pero por lo visto este recurso no funcionará y deberá pensar otra alternativa.

            Aunque antes el presidente haya dicho que espera terminar su mandato en el 2024 para retirarse a la vida privada, recuérdese las veces que se ha retractado de sus dichos, como por ejemplo anunciar que se vacunaría contra el covid-19 al personal médico del sector privado y, después negar ese beneficio y ordenar que “esperen hasta que les toque” según su edad.