Maullidos Urbanos
Por Gato de Barrio
En estos días, en forma coincidente, gobernadores de varias entidades y diferentes corrientes ideológicas enfrentan problemas, donde lo que queda de manifiesto es la falta de sentido y tacto político para resolverlos. Olvidan el viejo dicho de que la política es como el boxeo: gana no quién da más golpes, sino quien da simplemente los necesarios para noquear al rival.
Quien enfrenta el conflicto más difícil es Enrique Alfaro, de Jalisco, proveniente de Movimiento Ciudadano, quien a menos de un año en el poder y a pesar de su promesa proselitista de no incrementar la tarifa en el transporte público, ya faltó a su palabra.
Autorizó el aumento de 7 a 9.50 pesos el boleto en el Tren Eléctrico y el Macrobús, bajo el argumento de que resultaba necesario pues ambos transportes se encuentran en números rojos y de no hacerlo colapsarían. Para imponer esta medida ha tenido que recurrir a la represión y detención por varias horas de inconformes durante las manifestaciones de protesta.
En Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, primer y hasta el momento el único mandatario independiente, es decir sin partido político que lo haya respaldado para ganar las elecciones, también ha enfrentado inconformidades por autorizar el servicio de transporte mediante aplicaciones pero, lo que más ha generado protestas ha no conforme tener familia en la nómina gubernamental, ha sido favorecido a su suegra para lograr una excelente jubilación.
En Tabasco, el gobernador de Tabasco Adán Augusto López Hernández, de Morena, no solo ha impulsado la llamada Ley Garrote, sino que la ha defendido fervientemente, legislación que presuntamente busca sancionar a quienes mediante bloqueos a edificios, instalaciones públicas y vialidades pretendan extorsionar a las empresas, aunque para los inconformes esta medida además de afectar su libertad de expresión, también sería para evitar las posibles protestas contra la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas.
En Baja California está pendiente la conclusión de la iniciativa de Jaime Bonilla, gobernador electo también de Morena, quien ha buscado aparentemente por la vía legal, elevar de dos a cinco años su periodo administrativo, problema latente ya que nada más se espera sea oficial la legislación para que se presenten inconformidades constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En fin, por lo visto ya los ciudadanos se muestran más críticos y no aceptan fácilmente lo que quieran imponer los mandatarios, situación que deberán tener presentes quienes aspiren a ser mandatarios en sus correspondientes entidades.
