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Emilio Lozoya, único implicado en caso Odebrecht

Maullidos Urbanos
Por Gato de Barrio

gatodebarrio@yahoo.com.mx

Tras cinco años de investigaciones, finalmente la Fiscalía General de la República estableció que Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos, fue el único “beneficiado” con los más de diez millones de dólares de sobornos que pagó la constructora Odebrechte para verse favorecida con la adjudicación del contrato en las obras en la frustrada refinería de Tula.

            De acuerdo con la acusación final de la Fiscalía General de la República, ya presentada ante un juez, se estableció que el exfuncionario federal adquirió diversos bienes, entre ellos una residencia en Ixtapa Zihuatanejo; también se establece que otra beneficiaria de los sobornos fue la madre de Emilio Lozoya, la señora Gilda Susana Austin.

            Ante estos hechos, la FGR solicitará que por los cargos de delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho a Lozoya Austin se le sentencia con una pena superior a los 46 años de cárcel, multa de 87 millones de pesos, el pago de seis millones de dólares por reparación de daños y la pérdida de cualquier derecho sobre el inmueble de Ixtapa: en tanto, para su madre se le propone una condena de 23 años de prisión y una multa de 262 mil pesos.

            Aunque Lozoya había denunciado haber sido utilizado por el expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, y que el dinero había sido para sobornar a legisladores y agilizar la reforma energética, la FGR considera que no se comprobó ninguna de esas imputaciones y, con las 59 pruebas presentadas por las autoridades afirma que Lozoya y sus familiares fueron los únicos y reales beneficiarios de los sobornos.

            Sin duda estas conclusiones de ninguna manera van a resultar positivas para el gobierno federal, ya que en su campaña para combatir la corrupción hasta el momento no ha capturado a ninguno de los considerados peces gordos, lo cual esperaba sucediera con las imputaciones de Lozoya para implicar a destacados exservidores públicos federales.

            Sucede que hasta el momento el único caso relevante de las autoridades federales que ha llevado a los tribunales, pero sin poder concretar legalmente, es el de Rosario Robles y por la forma como se ha desarrollado todo el proceso no existe ninguna garantía de que los resultados les vayan a favorecer y se logre una sentencia en contra de la exfuncionaria.

            Entonces si en los tres primeros tres años del actual gobierno no han tenido buenos resultados, difícilmente los podrán tener en el tiempo restante, por lo tanto desde estos momentos se podría pronosticar que el multicitado compromiso de combatir y castigar a la corrupción será otra promesa incumplida de la autollamada “Cuarta Transformación”.