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Opinión

Consulta presidencial polémica

Alebrijes en Cuadratines
Por Adrián Chavarría Espinosa

ache57@yahoo.com.mx

¿Usted ha considerado que mediante una consulta popular se eliminen del idioma escrito las comas, puntos, acentos o la sintaxis?, o ¿cómo su sueldo le resulta insuficiente, proponer que el pueblo bueno se pronuncie por un aumento en la paga general?, o ¿acaso someter al criterio popular desaparecer el sentido de circulación de las calles para que las vialidades sean utilizadas según las necesidades particulares de cada conductor?

            Por supuesto que ninguna de esas propuestas podría ser considerada como temas serios. Imagínese: sin la adecuada aplicación de las reglas ortográficas no se podría establecer una adecuada comunicación entre las personas, ya que no podría interpretarse adecuadamente los mensajes. Tampoco y a pesar de que los salarios resulten insuficientes, se pueden aumentar indiscriminadamente sin esperar que surjan otras consecuencias económicas. Véase lo sucedido en Venezuela, con la aplicación de incrementos salariales con óptica populista.

            Respecto al tránsito vehicular, de no existir definidos los sentidos para que circulen los automotores, sencillamente serían incontables no solo los congestionamientos viales, sino los constantes accidentes vehiculares al no respetarse, por ejemplo, límites en las velocidades con la consecuente existencia de heridos y fallecidos.

            Para evitar esos inconvenientes existen autoridades responsables de imponer el orden. Así, para regular el idioma operan las academias de la lengua; para definir los salarios funcionan comisiones económicas especializadas que determinan los porcentajes más adecuados, aunque lamentablemente no los ideales; y en materia de circulación vehicular se aplican reglamentos de tránsito que sancionan a quienes cometen infracciones.

            Es decir, las autoridades correspondientes son las que organizan la mejor forma de cómo debe operar la sociedad, donde si bien es el pueblo quien las designa de forma democrática mediante las elecciones, también se acuerdan respeto recíproco entre las partes, de lo contrario se viviría en la anarquía, donde sencillamente se impondría el más fuerte.

            Véase lo sucedido en Guanajuato donde las autoridades formales han sido superadas por el crimen organizado quien intenta imponer sus condiciones, pero los perdedores son los habitantes de la entidad ya que no saben cómo defenderse de los delincuentes ante la ineficacia de los gobiernos federal, estatal y municipales.

            Por lo anterior resulta verdaderamente incomprensible la determinación del presidente Andrés Manuel López Obrador de buscar someter a una consulta popular la decisión de enjuiciar a los exmandatarios bajo presuntos cargos de corrupción, donde lo correcto es que sí existe alguna presunción de un ilícito entonces debería presentarse la denuncia correspondiente ante las autoridades para que ellas investiguen y, en caso de comprobarse, aplicarse la sanción debida, ya sea económica, de reparación de daño o de cárcel.

            Pero el presidente ha preferido repetir lo que sucedía en el circo romano, donde el pueblo decidía el futuro de los gladiadores, cuando multitudinariamente se avalaba dejarlos con vida al colocar el pulgar hacia arriba, o sentenciarlos a muerte con ese dedo hacia abajo. O más recientemente, con la Santa Inquisición, cuando ejecutaban a las personas por la simple presunción de hechicería o por no aceptar la religión católica como la doctrina oficial.

            Esa ha sido la actitud de López Obrador con su iniciativa de promover ante el pueblo bueno una consulta popular, para que más allá de la democracia representativa se ejerza en lo que llama democracia participativa para, según él, sea el pueblo quien decida.

            Si ese fuese un interés real entonces por qué no someter a consulta, por ejemplo, cómo enfrentar la pandemia, donde nuestro país registra oficialmente más de 753 mil contagios para ocupar el noveno lugar a nivel mundial, así como cerca de 80 mil defunciones, ubicándose en el nada prestigioso cuarto sitio en el orbe, solo debajo de Estados Unidos, Brasil e India.

            En esa consulta se deberían considerar varias medidas obligatorias como el confinamiento casero, uso de cubrebocas y apoyar económicamente a quienes han perdido su fuente de trabajo, pero al gobierno federal no le interesa esos temas porque van contra sus políticas y, lo más importante, no le resultan electoralmente positivas.

            Por eso insiste en enjuiciar a exmandatarios aunque para ello tenga que torcer la interpretación de las leyes, presionar a magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alentar a sus seguidores para que lo respalden –quienes no reunieron el número necesario de firmas para respaldar la iniciativa–, como si fuera un gran logro, pero lo único que ha provocado ha sido polarizar más a la sociedad mexicana y los magistrados.

            Si bien la SCJN ya avaló a medias la constitucionalidad de la pregunta, ya que alteró su redacción y además de omitir nombres propios ahora resulta confusa, imprecisa y genérica, como el mismo mandatario la calificó, prestándose ahora a interpretaciones y aunque ya no podrá ser modificada deberá verse cómo se le manipula para continuar con esta iniciativa.

            Pero dentro del proceso aún falta que las cámaras de Diputados y Senadores aprueben la pregunta para ser aplicada el primer domingo de agosto del próximo año, pero de no ser avalada por alguna de esas instancias, entonces será cancelada y archivada definitivamente.

            Es decir, López Obrador aún no puede cantar victoria en su afán de juzgar a sus predecesores y seguir adelante con sus propósitos populistas.