Maullidos Urbanos

Por Gato de Barrio
gatodebarrio57@gmail.com

La frase “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”, atribuida a Benito Juárez –aunque históricamente no se ha comprobado su autoría–, le queda perfecto al segundo piso de la cuarta transformación acerca del trato conferido a dos gobernadoras: a la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Baja California, y a la panista Maru Campos, de Chihuahua.

Mientras que la mandataria de Chihuahua ha sido calificada por diferentes sectores morenistas hasta de traidora a la patria por no haber notificado que elementos del FBI participaron en el desmantelamiento de un narcolaboratorio, a la californiana se le perdona no solo el haberse reunido con representantes de agencias estadounidenses, también el que se haya ofrecido como “informante” de lo tratado en las reuniones de seguridad a fin de no ser extraditada y, al menos, se le otorgue de nuevo su visa para ingresar al vecino país del norte.

Es decir que a Ávila Olmedo se le brinda “justicia y gracia”, mientras que a Campos se pretende aplicar la “ley a secas”, incluso hasta ser objeto de un juicio político, cuando quizá en ambos casos se violentaron varias leyes pero eso deberían definirlo juzgadores imparciales.

América Rangel, diputada local panista en la Ciudad de México, dijo que la entrega de información relacionada con mesas de seguridad a un gobierno extranjero podría ser un delito de acuerdo con el artículo 123 del Código Penal Federal, donde se fijan sanciones para actos considerados como traición a la patria, como dar sin permiso información o documentos a personas, grupos o gobiernos extranjeros relacionados con actividades militares o afectar la seguridad nacional. Pero en Palacio Nacional no lo ven así y ella es protegida y defendida.

Si en verdad existiera la misma vara para medir ambos casos, en el caso de Campos probablemente hubiera sido suficiente una llamada de atención o una reprimenda verbal, pero no sucedió así, al contrario, fue objeto de constantes recriminaciones e imputaciones negativas desde las mañaneras de Palacio Nacional.

Pero los problemas para Morena y la cuarta transformación es que desde su interior se gestan acciones de descalificaciones y ataques entre sus integrantes. La mejor prueba es que Ávila Olmedo acusó a su antecesor, Jaime Bonilla, de ponerle «una trampa», al afirmar que él filtró al periodista Héctor de Mauleón sus audios negociando con supuestos agentes del FBI.

Afirmó que el exmorenista y actual comisionado político del Partido del Trabajo –aliado de los guindas–, fue quien “para ayudarla” ofreció una reunión con personas de Estados Unidos para platicar sobre el tema relacionado con su visa, la cual se realizó el 15 de diciembre en Tijuana, donde esos supuestos agentes hablaron de cargos y procedimientos judiciales en el extranjero, pero aclaró que no se concretó ninguna reunión ni entrega de documentación.

Por supuesto Bonilla Váldez rechazó esa versión y negó participar en esa entrevista con agencias estadounidenses, asesores externos o incluso grabar conversaciones. A través de un documento emitido en un documento con el logotipo del PT argumentó: “Es ilógico que a quien se ha señalado como su peor enemigo, a quien ha perseguido política y penalmente, pueda participar en eventos tan sensibles y confidenciales de la gobernadora Marina del Pilar”.

Mientras en Morena, sus militantes y seguidores sigan defendiendo lo indefendible y atacando a la oposición sin argumentos válidos y ante los próximos procesos electorales, sería una situación que podrían aprovechar los partidos de oposición para ganar espacios sin que puedan culparlos de sus probables futuras derrotas.

Ya veremos si es que el actual partido mayoritario y sus gobernantes dejan de tener dos medidas tanto para proteger a sus militantes y seguidores, como para denostar a sus opositores, lo cual resultaría conveniente para todas las partes.