*El Consejo Universitario avaló por unanimidad un proyecto que moderniza el marco legal de la institución e incorpora nuevas figuras de participación y justicia universitaria

Toluca, Estado de México.

Por La Redacción.

El H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) aprobó por unanimidad el proyecto de iniciativa de una nueva Ley Universitaria que propone transformar diversos aspectos de la vida institucional, entre ellos la implementación gradual de la gratuidad en los servicios educativos, la elección de la persona titular de la Rectoría mediante voto universal y la creación de un Sistema de Ética y Justicia Universitaria.

La propuesta representa una actualización integral del marco jurídico de la Universidad, el cual no había sido reformado de manera profunda desde hace más de tres décadas, y busca fortalecer los derechos de la comunidad universitaria, así como responder a los nuevos retos de la educación superior.

Durante la sesión extraordinaria, la consejera Jurídica Universitaria, Evangelina Sales Sánchez, explicó que el proyecto está conformado por 146 artículos, siete títulos, 28 capítulos y 17 disposiciones transitorias, con un enfoque centrado en los derechos humanos, la inclusión y el fortalecimiento institucional.

Entre los principios que incorpora destacan la igualdad sustantiva, la perspectiva de género, la inclusión, la ciencia abierta, el uso responsable de la inteligencia artificial, la cultura de paz, la sustentabilidad, el bienestar y los cuidados universitarios, con el propósito de establecer una legislación acorde con las necesidades actuales de la comunidad.Uno de los puntos centrales del proyecto es el reconocimiento de la educación y la ciencia como bienes públicos y derechos humanos fundamentales, además de la incorporación de un plan de acción para eliminar de forma progresiva los cobros por inscripción y reinscripción, en concordancia con la Ley General de Educación Superior.

De obtener el aval del Congreso del Estado de México, la UAEMéx se convertiría en la primera universidad pública del país en incluir dentro de su propia legislación un mecanismo específico para avanzar de manera gradual hacia la gratuidad de los servicios educativos, procurando mantener la estabilidad financiera y el cumplimiento de sus funciones sustantivas.

La iniciativa también contempla la creación del Sistema de Ética y Justicia Universitaria, órgano que tendrá la responsabilidad de proteger los derechos de la comunidad, promover mecanismos alternativos para la solución de conflictos y fortalecer la cultura de la ética institucional.

En materia de participación, el proyecto propone ampliar la representación democrática mediante la incorporación de consejeras y consejeros estudiantes y académicos de los Centros Universitarios, así como otorgar voz y voto a las personas titulares de las Unidades Académicas Profesionales dentro del H. Consejo Universitario.

Otro de los cambios más relevantes es la propuesta para que la persona titular de la Rectoría y las direcciones de los espacios académicos sean elegidas mediante sufragio personal, directo, libre, secreto y vinculante, mecanismo que, de aprobarse, sería inédito en la historia de la institución.

La rectora y presidenta del H. Consejo Universitario, Martha Patricia Zarza Delgado, afirmó que la iniciativa es resultado del diálogo y la construcción de acuerdos entre los distintos sectores de la Universidad, además de reconocer la participación de la comunidad durante el proceso de consulta.

De acuerdo con la información presentada, la consulta reunió 2 mil 703 participaciones, de las cuales el 61 por ciento correspondió a mujeres, el 38 por ciento a hombres y el uno por ciento a personas no binarias.

Entre los temas que despertaron mayor interés se encuentran la autonomía y democracia universitaria, la transparencia en el manejo de los recursos, así como la seguridad y el bienestar de la comunidad.Tras su aprobación por el Consejo Universitario, el proyecto será enviado a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, para que, en su caso, lo remita a la Legislatura estatal para su análisis y eventual aprobación.