Maullidos Urbanos
Por Gato de Barrio
Un dato del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) debería resultar preocupante para el gobierno de la Cuarta Transformación: de los 50 municipios donde se registran más hechos violentos, 31 de ellos son gobernados por militantes de la primera fuerza política nacional, es decir Morena; incluso varios de ellos pertenece a estados gobernados por otros partidos politicos
Muy lejos se encuentran el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano con siete ayuntamientos cada uno; con dos se encuentran el Partido de la Revolución Democrática y otros dos por el Partido Revolucionario Institucional y uno por un presidente municipal independiente.
De acuerdo con las estadísticas oficiales en esos 50 municipios violentos, se concentra el 48.3% de los homicidios dolosos registrados entre diciembre de 2018 y mayo de 2021; es decir que mientras a nivel nacional se iniciaron 72 mil 892 expedientes por ese delito y, de ellos, 35 mil 214 fueron en esas localidades.
Considérese qué tan grave es este problema si recordamos que en toda la república mexicana existen más de dos mil 450 municipios, es decir, los homicidios dolosos se concentran en una muy mínima parte de ese nivel de gobierno.
De acuerdo con ese análisis, los diez municipios más violentos en México son Tijuana, Ciudad Juárez, León, Acapulco, Culiacán, Cajeme, Guadalajara, Benito Juárez, Celaya y Chihuahua.
Adviértase que en poco tiempo más, varios de esos municipios quedarán dentro de los nuevos gobiernos estatales morenistas: Tijuana, en Baja California; Acapulco, en Guerrero; Culiacán, en Sinaloa; y Cajeme, en Sonora. Ello debe representar un reto para quienes serán en breve los nuevos mandatarios.
Son muchas las interpretaciones que se le pueden dar a estos datos, donde uno de ellos sería que la aplicación de la política de “abrazos, no balazos”, no funciona ni es garantía de una reducción de la violencia, en particular de los homicidios dolosos.
Sin embargo, para el gobierno federal no habrá cambios en esa política, al asegurar que será mediante programas sociales como se logrará evitar que los jóvenes caigan en manos de la delincuencia organizada. Sin duda es una muy buena intención, lamentablemente no responde a las actuales necesidades sociales y de seguridad pública.
