Alebrijes en Cuadratines
Por Adrián Chavarría Espinosa
ache57@yahoo.com.mx
Un tema que ya es motivo de polémica entre autoridades federales y electorales, así como con la oposición, es el de la probable sobrerrepresentación de Morena en la Cámara de Diputados, lo cual en caso de confirmarse permitirá que el actual partido oficial alcance la mayoría calificada para así aprobar reformas constitucionales sin ningún obstáculo legal.
Una de las primeras consecuencias de lograrse esa sobrerrepresentación, es la aprobación de todas las iniciativas del llamado Plan “C” presidencial que, entre otras metas, se propone la reforma al Poder Judicial, consistente en que jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos por el voto popular, lo cual resulta una absoluta aberración legal.
Sucede que con los votos válidos emitidos el pasado 2 de junio, los sufragios totales alcanzados por Morena y aliados en el Congreso suman en total 54.7%, pero tanto en el gobierno federal como en el actual partido mayoritario afirman que les corresponden el 74.4% del total de asientos en la Cámara Baja. Es decir, ellos consideran que a Morena le corresponden 247 diputados, al Partido Verde 75, y al Partido del Trabajo 50, para totalizar 372 diputados que les otorgarían la mencionada mayoría calificada.
En cambio, a los partidos de oposición, es decir Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de Movimiento Ciudadano y los mínimos de la Revolución Democrática, quienes en conjunto sumaron 41% del total de sufragios, pretenden reducirles su presencia que conquistaron en las urnas a un ridículo 25.4%.
Pero existe una trampa: se intenta manipular los 219 triunfos de Morena al repartir, según un convenio suscrito antes de la elección, una buena cantidad a sus aliados para pretender esconder 90 victorias alcanzadas por Morena para ser traspasadas a sus aliados y así únicamente se le adjudiquen 123.
De esta forma, al PT que no ganó ningún distrito por sí mismo con una votación válida de 5.8% –para ser el menos votado de la coalición–, recibiría 42 legisladores quienes representarían el 8.4% del total de la Cámara, mientras el Verde con el 9% de sufragios para solo ganar en seis distritos, recibirá de Morena 48 legisladores y con 21 plurinominales sumaría en total 75 diputados.
De esta forma, al ocultar Morena esas 90 diputaciones ganadas en las urnas pero “cedidas a sus aliados”, solo tendría 162 diputados por mayoría –39 ganados por sí solos y 123 de la coalición–. que representan el 32% de la Cámara y pretende recibir otros 85 plurinominales para llegar a 247 diputados en total.
Esta idea es la que ha impulsado López Obrador desde las conferencias mañaneras, a donde en cuatro ocasiones ha acudido Luisa María Alcalde, quien olvida que aún es secretaria de Gobernación para fungir ilegal y anticipadamente como nueva presidenta de Morena, para defender la sobrerrepresentación a la que consideran tienen derecho.
Incluso, invocan la aplicación literal del artículo 54 de la Constitución en la asignación de los diputados plurinominales, cuando en realidad debe interpretarse su espíritu para que el reparto sea por partidos, no por alianzas. Además, por ello existen tanto los Tribunales Constitucionales como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para la correcta aplicación del marco legal.
De igual forma debe recordarse que ya existe una jurisprudencia (Tesis P./J. 70/98) donde se fija que el análisis de las disposiciones impugnadas “debe hacerse atendiendo no solo al texto literal de cada una de ellas en lo particular, sino también al contexto de la propia norma que establece un sistema genérico con reglas diversas que deben analizarse armónicamente, pues no puede comprenderse el principio de representación proporcional atendiendo a una sola de éstas, sino en su conjunto”.
Y se subraya, además, que “debe atenderse también a los fines y objetivos que se persiguen con el principio de representación proporcional y al valor de pluralismo político que tutela, a efecto de determinar si efectivamente la disposición combatida inmersa en su contexto normativo hace vigente ese principio conforme a las bases generales que lo tutelan.”
Esa jurisprudencia se estableció, irónicamente, impulsada por López Obrador en 1998, en su carácter en ese entonces, de presidente del PRD, cuyo dictamen fue emitido por la en esos momentos ministra Olga Sánchez Cordero, quien le dio la razón con un proyecto que fue aprobado por unanimidad en la Corte. Pero ahora se pretende ignorar esa jurisprudencia.
Sin embargo, sea cual fuere el dictamen primero del INE en el reparto de los diputados plurinominales y después en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, existirá inconformidad ya sea de Morena y sus aliados o de parte de la oposición.
Lo deseable es que se imponga la interpretación del espíritu de la Constitución y no manipularla para lograr en el papel, bajo un supuesto de que “así lo decidió” el pueblo, lo que no se alcanzó en las urnas. De caer en la sobrerrepresentación legislativa estaremos más cerca de una dictadura disfrazada de “régimen democrático”, cuyas consecuencias resultarían difíciles de concebir, pero serían negativas para la sociedad mexicana.
